¿Qué estrategias plantearse para dar continuidad a la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas el pasado 13 de septiembre? Con el objeto de dar respuestas a este interrogante, se reunió en Quito, del 16 al 18 de diciembre, la “Conferencia Internacional: formulación y socialización del Plan Estratégico para la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los pueblos Indígenas”. Luis Maldonado, coordinador del evento que contó con la participación de expertos y dirigentes indígenas de América Latina, manifestó que el principal motivo para llevar a cabo esta Conferencia es que muchas veces los instrumentos jurídicos internacionales e incluso nacionales se quedan solamente “en el ámbito declarativo y no hemos definido mecanismos y estrategias concretas para su ejecución”. Un elemento adicional que motivó esta reunión fue la coyuntura que vive el Ecuador: Se encuentra reunida una Asamblea Constituyente que elaborará una nueva Constitución y es necesario reposicionar los derechos de los pueblos indígenas para que sean incluidos en los debates y en las resoluciones de la Asamblea Constituyente. Maldonado manifestó que en la Conferencia hubo un consenso en el sentido que la “Declaración es un instrumento internacional importante que debe ser asumido por los pueblos indígenas y por los gobiernos a pesar de las limitaciones que todavía tiene”. Una de sus limitaciones es que, por ejemplo, en el tema de la libre determinación, a pesar que consta en la Declaración, éste queda circunscrito al ámbito de los Estados nacionales y no permite “una reagrupación de los diferentes pueblos y nacionalidades existentes que están dispersos en diferentes estados”. En el aspecto de los recursos naturales, que es un tema de conflictos en el presente y en el futuro inmediato, “los pueblos indígenas solamente tienen derecho a la libre determinación para hacer uso del suelo y no del subsuelo, entonces esta también es una limitación fundamental que está establecida” en la Declaración, agrega Maldonado. Sin embargo de estas limitaciones, los participantes en esta conferencia organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y la Fundación Esquel, coincidieron en que la Declaración debe ser socializada para que pueda ser aplicada en sus aspectos fundamentales y que ésta deber ser tomada “como un proceso, para seguir avanzando y lograr la plenitud de los derechos que todos los pueblos tienen en el campo internacional”. En este camino, un paso adelante, sería avanzar de la Declaración a una Convención que tendría un carácter vinculante y establecer marcos y mecanismos de control para los diferentes Estados. Así mismo, en esta Conferencia internacional se planteó que todos los organismos de Naciones Unidas, y todos los instrumentos internacionales especialmente el 169 de la OIT tienen que ser revisados para que se adapten a los nuevos principios planteados en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estrategias En la Conferencia se trabajó en cinco mesas de trabajo: 1) Democracia, política y autonomías; 2) Territorios y recurso naturales; 3) Administración de justicia; 4) Economía y desarrollo; y 5) Identidad, cultura y patrimonio (que incluyó los aspectos intelectuales, espirituales y culturales) En lo que se refiere al ejercicio de la democracia, se planteó, como una estrategia fundamental, la necesidad de tener planes y programas concretos para definir las formas de participación democrática para poder construir o reconstituir formas de gobierno propio, para que estas no queden en la simple retórica. En el aspecto económico, como “estamos viviendo en un sistema capitalista nos planteamos la cuestión de impulsar empresas comunitarias”, señaló Maldonado. Esto tiene asidero en países como Bolivia donde se da un proceso de nacionalización de los recursos naturales, y en Ecuador donde se posiciona una “nueva concepción de nacionalización o ciudadanización de la economía”. Se consideró que la identidad y la interculturalidad son objetivos fundamentales para lo cual se debe impulsar con fuerza la educación, que a más de bilingüe debe intercultural, debiendo incluir no solo a los pueblos indígenas sino al conjunto de la sociedad. En cuanto a la administración de justicia, básicamente se propuso dos estrategias fundamentales: 1) Trabajar para que la Declaración sea adoptada como ley de la República y 2) Formulación de proyectos de ley para ser presentados en los Congresos Nacionales. Cabe indicar que en Bolivia que ya se adoptó la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos indígenas como Ley de la República. Finalmente, se acordó impulsar un sistema de veedurías para la efectiva aplicación de los derechos indígenas, “y eso tiene que ver también con los diversos planes que se han establecido en Naciones Unidas, por ejemplo, con respecto al segundo decenio de los pueblos indígenas y a las propuestas que vienen siendo formuladas a nivel regional y subregional”, señaló Maldonado.
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