Ana María Larrea Maldonado
“La Patria ya es de todos” es el slogan de la publicidad gubernamental. Recuperar la patria tiene un doble significado. Por una parte la necesidad de recobrar el Estado, dejado en soletas por el neoliberalismo, recuperar la patria de los intereses privatizadores y oligárquicos, desprivatizar el Estado y construir una sociedad donde quepamos todos y todas, una sociedad donde la riqueza se redistribuya de mejor manera y en donde se propicie la igualdad.
La segunda dimensión del slogan gubernamental nos habla de la necesidad de recuperar la soberanía. Una patria capaz de autodeterminarse y escoger de manera autónoma hacia dónde quiere ir, sin la presión del dominio imperial. Los ejes para la construcción de soberanía giran alrededor de la soberanía petrolera, energética, alimentaria y financiera y propugnan importantes procesos de integración regional sudamericana. Se trata entonces, de impulsar activamente la construcción de la patria grande como un proyecto antiimperialista capaz de disputar el actual orden hegemónico mundial.
En este marco, el flamante gobierno ecuatoriano no ha tenido ningún reparo en explícitamente mostrar sus intenciones de consolidar el eje Caracas – Quito – La Paz auspiciando activamente el proceso de integración sudamericana y generando mecanismos de cooperación basados en la solidaridad. La integración es vista como un proceso de los pueblos, que va más allá de los acuerdos comerciales e implica múltiples dimensiones, las sociales, culturales, ambientales. Pero además, la integración es vista como el mecanismo más apropiado de inserción inteligente en el mundo contemporáneo eliminando la dependencia hacia el norte y propiciando interrelaciones con nuestros vecinos.
Esta opción marca una ruptura muy grande con la historia de dependencia y subordinación característica de los gobiernos ecuatorianos. El Ecuador es un país, cuyos gobernantes decidieron abandonar voluntariamente su moneda, perdimos la moneda nacional y ahora el dólar es el medio de circulación monetaria. El Ecuador cedió sin ningún condicionamiento, territorio ecuatoriano para el establecimiento de una Base Militar Norteamericana. En varias coyunturas políticas, ha bastado la palabra del embajador o embajadora de turno de los Estados Unidos en el Ecuador para desencadenar los acontecimientos políticos internos. La relación entre Ecuador y los Estados Unidos ha sido totalmente desigual, signada por súplicas y dádivas, como lo demuestran claramente las últimas decisiones del Congreso de los Estados Unidos de prorrogar las preferencias arancelarias a Ecuador y Bolivia tan solo por ocho meses. Es, sin duda, un intento claro de mantener una puerta abierta para la presión interna. La injerencia de los Estados Unidos en la política interna del Ecuador ha sido una constante. También el sentimiento anti-imperialista que poco a poco ha ido alimentando la población, tanto es así que Bolivia y Ecuador son los países sudamericanos con mayor rechazo al intervencionismo de la potencia del norte.
La región andina se ha convertido en un núcleo de conflictividad de enorme significación geopolítica, como lo fue el Cono Sur en la década de los setenta, o Centroamérica en los ochenta (ICCI, 2004: 3). La revolución bolivariana de Chávez sigue prendiendo por los países andinos y se expande en el continente, lo que sin duda constituye una amenaza para los intereses norteamericanos en la región, que en Sudamérica actualmente solo se expresan en los gobiernos de Colombia y Perú, que estuvieron prontos a firmar sin cuestionamientos el TLC con los Estados Unidos.
En este marco, la elección de Correa como presidente en el Ecuador ha reforzado las posiciones anti-imperialistas, con planteamientos claros frente a la integración regional y a la necesidad de consolidar la soberanía nacional.
La política exterior ecuatoriana se ha caracterizado por un excesivo unilateralismo con los Estados Unidos, país que actualmente es el principal socio comercial del Ecuador, descuidando enormemente el comercio con los países vecinos y con otras latitudes. La balanza comercial ecuatoriana presenta enormes déficits frente a sus países vecinos y a los países sudamericanos. El actual gobierno se ha propuesto diversificar las relaciones comerciales tanto dentro como fuera del continente.
El fortalecimiento de la soberanía nacional está fundamentado en reivindicaciones de larga data en el país, como la necesidad de no involucrar al país en el conflicto colombiano, la no renovación del convenio entre Ecuador y Estados Unidos para mantener la Base Militar Norteamericana en Manta, la decisión de no firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte América, la no injerencia de las instituciones de Bretton Woods en la política financiera nacional y la denuncia del tratado de protección de inversiones con Estados Unidos.
La necesidad de construir un bloque regional relativamente independiente de la influencia de los Estados Unidos es imperiosa en el actual momento político que vive América Latina y se constituye en uno de los principales ejes de cambio que intentan generar relaciones más horizontales con Estados Unidos y afectar hondamente la estrategia imperialista de dominación de los países latinoamericanos. La integración es entonces una vía adecuada para romper la opresión y recuperar la patria grande.
En el campo petrolero se hace imprescindible la inversión pública para la producción de derivados, pues mientras el Ecuador exporte petróleo para importar derivados, la extracción petrolera es una llave abierta que corre sin dejar beneficios al país y ocasiona profundos daños ambientales, sociales y culturales en el país. En segundo lugar, la propuesta de soberanía petrolera apunta a una relación radicalmente distinta con las empresas transnacionales y al fortalecimiento de la empresa estatal de petróleos. La renta petrolera en el Ecuador en los últimos años ha beneficiado a las compañías extranjeras en desmedro de los intereses nacionales. La participación del Estado en los beneficios petroleros ha llegado a cifras tan irrisorias como el 15% para el Estado ecuatoriano y el 85% de las utilidades para las empresas petroleras.
En relación a la integración petrolera, se han suscrito convenios con el gobierno venezolano para intercambiar petróleo por derivados y para la construcción de una nueva refinería en la provincia de Manabí. Uno de los cuellos de botella de la economía ecuatoriana es que el Ecuador, pese a ser un país exportador de petróleo, no produce derivados, por lo que tiene que importar combustibles. Los convenios con Venezuela buscan atacar frontalmente este cuello de botella, a partir de una lógica de cooperación basada en la solidaridad y reciprocidad y a partir de relaciones horizontales. Fue muy significativo que en medio de la primera crisis energética que tuvo que enfrentar el nuevo gobierno, llegara a las costas ecuatorianas el barco venezolano “Manuela Sáenz” que contenía la primera carga de diesel fruto del convenio de intercambio de petróleo por derivados.
En el 2009 vence el convenio suscrito entre el Ecuador y los Estados Unidos, en el que el país cedió parte de su territorio para la instalación de una base militar norteamericana que tenía como objetivo la lucha contra el narcotráfico. El nuevo gobierno ha sido claro al anunciar que este convenio no será renovado y que la Base de Manta pasará a manos del Estado ecuatoriano.
La integración financiera ocupa un lugar central en la estrategia de integración latinoamericana y para el Ecuador reviste una importancia en dos sentidos: el primero, la necesidad de marcar distancia con las presiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en la política económica del país. En este sentido el actual gobierno ha sido muy firme. Incluso pidió la salida del país del representante del Banco Mundial. La creación del Banco del Sur, como un mecanismo que permita a los Estados latinoamericanos una mayor independencia frente a los designios de Washington es esencial, pues no se puede hablar de soberanía si los recursos para el desarrollo vienen condicionados. El gobierno nacional se ha planteado, como una de sus metas para los próximos 3 años, que la inversión social sea financiada con recursos propios, pues gran parte de la inversión social en el país provienen de la deuda externa.
El segundo aspecto por el cual para el Ecuador es estratégica la integración financiera, tiene que ver con el hecho de que el país perdió su política monetaria. El propiciar una moneda común latinoamericana se perfila en las actuales condiciones que vive el país, como la única salida posible a la dolarización, en el marco de un esfuerzo de consolidación de la región.
En los pocos meses de gobierno, el apoyo decidido del país a los procesos de integración latinoamericana le ha colocado en la Presidencia de la Comunidad Andina de Naciones y en la Secretaría General de la UNASUR (Unión de Naciones de América del Sur). Servicio Informativo "Alai-amlatina"
Texto completo en:
http://alainet.org/active/19349&lang=es
- Ana María Larrea Maldonado es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.
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